Un reportaje de Reportea reveló depósitos a Gonzalo Migueles que coincidirían en el tiempo con la resolución que rechazó recursos contra el polémico proyecto Barrio Foresta en la Corte Suprema. La Fundación Yarur Bascuñán y Duna Viva evalúan querellas penales y acciones extraordinarias de revisión civil de sentencias.
Revelación de transferencias y tramitación en el máximo tribunal
Una nueva arista penal de alta gravedad institucional amenaza con reabrir emblemáticas batallas judiciales de la Región de Valparaíso. La Fundación Yarur Bascuñán y la corporación ambiental Duna Viva anunciaron que estudian la interposición de acciones judiciales tras un reportaje publicado por Reportea, en el cual se destaparon presuntas transferencias monetarias por cerca de $27 millones cursadas por dos firmas inmobiliarias hacia Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
La controversia radica en que los desembolsos financieros habrían coincidido temporalmente con el período en que la Tercera Sala del máximo tribunal revisaba y fallaba controversias jurisdiccionales vinculadas a dichas empresas, entre las que se cuenta el litigio por el megaproyecto habitacional Barrio Foresta de Viña del Mar. En abril de 2021, la sala constitucional de la Suprema resolvió la causa ambiental con la firma y participación de la propia Vivanco, ratificando el rechazo a los recursos de protección interpuestos por vecinos y organizaciones ecológicas que denunciaban la afectación de los ecosistemas del Bosque de Reñaca.
Posibles querellas y revisión de resoluciones
El abogado de la Fundación Yarur Bascuñán, Gabriel Muñoz, calificó los antecedentes como extremadamente graves, aunque advirtió que la revelación periodística por sí sola no constituye prueba judicial definitiva. “Sería extremadamente preocupante que una investigación llegara a acreditar que, paralelamente, existieron gestiones indebidas destinadas a influir en una decisión judicial”, recalcó Muñoz al informar que auditarán el expediente para evaluar su ingreso como querellantes en la causa penal que dirige el Ministerio Público.
En términos similares, desde la corporación Duna Viva calificaron los hechos como de gravedad excepcional, acusando que la existencia de pagos y comunicaciones paralelas con representantes de Inmobiliaria Argenta excedería una mera pugna ambiental. La entidad anunció que analizará vías jurisdiccionales extraordinarias para solicitar la nulidad procesal o la revisión de las sentencias del máximo tribunal si se acredita la existencia de cohecho o tráfico de influencias en la tramitación del caso.
¿En qué consiste el “Recurso de Revisión” del Código de Procedimiento Civil ante sentencias obtenidas mediante cohecho o prevaricación judicial?
En el derecho procesal chileno (artículo 810 del Código de Procedimiento Civil):
- Nulidad de la cosa juzgada fraudulenta: El recurso de revisión es una acción extraordinaria que se interpone ante la Corte Suprema para invalidar una sentencia firme y ejecutoriada cuando esta fue obtenida de manera fraudulenta o viciada en su génesis.
- Causal de cohecho o violencia (artículo 810 N.º 2): Procede de forma taxativa si la sentencia civil o de casación fue pronunciada en virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, cuya existencia haya sido previamente declarada por una sentencia penal condenatoria firme contra el juez o los involucrados. Si el Ministerio Público y los tribunales de garantía condenan a una exmagistrada por haber recibido dádivas o intervenir a favor de una inmobiliaria a cambio de pagos a terceros vinculados, los querellantes ambientales quedan legalmente habilitados para anular la sentencia original de la Corte Suprema y exigir un nuevo juicio imparcial.
(Fuente: Biobío)