El funcionario a honorarios fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser acusado de tironear al niño y amenazar con exponerlo en redes sociales tras un altercado en la Sala Fitness comunal. La casa edilicia abrió una investigación interna y reubicó al trabajador, mientras la concejala Javiera Tepano tildó la medida cautelar de insuficiente.
Altercado en la Sala Fitness y auxilio del padre
Un grave procedimiento policial y administrativo se activó en la comuna de Rapa Nui tras la detención de un guardia de seguridad municipal acusado de agredir a un niño de 11 años de edad. El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en las inmediaciones de la Sala Fitness, recinto deportivo municipal de la isla, lugar donde el menor se encontraba al momento de suscitarse el conflicto.
De acuerdo con el relato entregado por el padre del menor, este llegó a buscar a su hijo y sorprendió al funcionario público sujetándolo con fuerza y tironeándolo en medio del llanto del menor. El progenitor denunció que el adulto no solo profirió amenazas verbales directas de exponer públicamente al estudiante en plataformas de redes sociales, sino que además continuó gritándoles e increpándolos al momento de solicitar explicaciones, lo que motivó el llamado de emergencia a Carabineros. El niño fue derivado posteriormente al Hospital Hanga Roa, donde los facultativos médicos constataron lesiones corporales de carácter leve.
Sumario municipal y críticas a la respuesta policial
La familia afectada cuestionó la dilación en el procedimiento inicial, asegurando que el personal policial tardó cerca de media hora en apersonarse en el lugar y pretendió inicialmente derivar el caso a un trámite en comisaría antes de concretar la aprehensión del imputado. Pese a ello, Carabineros formalizó la detención del guardia y remitió los antecedentes ante el fiscal de turno del Ministerio Público.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Rapa Nui confirmó que el implicado presta servicios a honorarios para la entidad edilicia, anunciando la apertura inmediata de una investigación sumaria interna y la reubicación preventiva del trabajador en otras dependencias operativas. La determinación fue refutada por la concejala Javiera Tepano, quien exigió diligencia y transparencia: “Considero insuficiente la sola reubicación preventiva del trabajador. Exijo transparencia, diligencia y medidas efectivas de protección para el menor, respetando el debido proceso”.
¿Cómo opera el deber de denuncia funcionaria y la responsabilidad administrativa en personal a honorarios del municipio?
En el marco de la Ley N.º 18.883 (Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales) y el Código Procesal Penal (artículo 175 letra b):
- Deber reforzado de protección: Todo funcionario público y prestador de servicios en recintos municipales que tome conocimiento de delitos que afecten a menores de edad dentro de dependencias comunales está obligado a denunciar el hecho al Ministerio Público o a las policías dentro de las 24 horas siguientes, bajo sanción de falta grave a la probidad.
- Investigaciones a prestadores a honorarios: Aunque los contratados a honorarios no pertenecen a la planta funcionaria regida estrictamente por sumarios estatutarios ordinarios, la Contraloría General de la República ha dictaminado que los municipios deben instruir investigaciones sumarias o procedimientos sancionatorios administrativos para verificar faltas contractuales graves o conductas que atenten contra la integridad de los usuarios de servicios municipales. Si se constatan vulneraciones de derechos hacia menores de edad, la autoridad edilicia tiene la potestad jurídica de rescindir unilateralmente y de forma anticipada el contrato de prestación de servicios por incumplimiento de las obligaciones de resguardo y conducta.
(Fuente: Biobío)