El inminente desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, ha acaparado la preocupación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante las últimas semanas.
Cabe recordar que fue en el pasado mes de diciembre cuando el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció que el plazo para el desalojo de esta megatoma se postergaría hasta el 31 de enero.
En medio de esa semana del último día de plazo, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso entregó un téngase presente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que buscaba suspender o hacer una prórroga de la orden de desalojo por un año más. Sin embargo, la solicitud fue rechazada. De hecho, la misma Corte confirmó que el inicio del desalojo se debe efectuar a partir de las 10:00 horas del próximo jueves 27 de febrero.
Por otro lado, según un catastro realizado por el Minvu, del total de 4.100 familias que viven en el terreno, más del 90% no tienen segunda vivienda, y más del 70% tienen una situación de alta vulnerabilidad social.
De esta manera, pese a que la orden ya está dictada, desde La Moneda siguen buscando una solución a esta problemática, motivo por el que el próximo lunes 24 de febrero tendrán una reunión con los propietarios.
Frente a este escenario, el ministro Montes planteó que “asumimos como Estado, como gobierno, la ley. Por lo tanto, acatamos lo que dicen los tribunales. Sin embargo, eso no significa no tratar de buscar soluciones, que es nuestra responsabilidad, y es por eso que como gobierno hemos estado tratando de buscar soluciones. A mí me corresponde como ministro”.
Los posibles efectos del desalojo de la megatoma de San Antonio
En la misma línea, ante la orden de desalojo dictada por la Corte Suprema, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, sostuvo que “estamos insistiendo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como, también, a la Corte de Apelaciones el que se busque el acuerdo necesario para evitar este conflicto que, reitero, podría afectar seriamente el funcionamiento de la comuna”.
Ante esta situación, la principal opción que ha planteado el Minvu para evitar el desalojo es comprar el terreno por intermedio de cooperativas, donde 3.200 familias ya se encuentran inscritas con el fin de encontrar una solución habitacional.
En ese sentido, por el lado de los pobladores, en conversación con La Radio, Johanna Palacios manifestó que “tuvimos la voluntad los vecinos, los pobladores, las dirigencias, en poder trabajar en base a una solución, la cual se nos presentó para poder parar el desalojo, para que esto no avanazara más allá y poder tener una solución con las familias”.
“Sin embargo, esto nos llega como un balde de agua fría, porque tenemos un caos en la toma, la gente está súper desesperada”, agregó.
Así las cosas, el lunes sería el día clave, por la reunión que sostendrá el Minvu, el Ministerio del Interior y los propietarios. Mientras tanto, los dirigentes de la megatoma han realizado reuniones con el fin de planificar las próximas acciones a seguir, que podrían ser incluso judiciales.
(Fuente: Biobío)
