Los jefes regionales de todo el país concretaron una tensa cumbre en La Moneda con el mandatario nacional para blindar la autonomía de sus presupuestos locales. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, lideró la propuesta para facultar a las gobernaciones con divisiones internas de prevención del delito, en momentos en que la oposición acusa al Gobierno de criminalizar la pobreza con el polémico Rol Único de Vándalos.
La ofensiva de las gobernaciones en Palacio
Las escalinatas del Palacio de La Moneda albergaron una de las citas políticas más complejas del semestre parlamentario chileno. Los gobernadores regionales se abroquelaron para sostener una reunión directa con el presidente de la República, José Antonio Kast, con la clara y prioritaria intención de exigir el fin del centralismo burocrático y resguardar el flujo de las arcas presupuestarias destinadas a las regiones. El vocero del bloque y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aprovechó el espacio presidencial para formalizar una ambiciosa propuesta legal: la creación por ley de una División de Prevención del Delito dependiente de cada Gobierno Regional (Gore), argumentando que las autoridades territoriales poseen un pulso mucho más fino y oportuno para recuperar espacios públicos tomados que el que se ejerce desde las lejanas oficinas ministeriales de Santiago.
Sin embargo, el trasfondo de la cumbre estuvo marcado por la encendida discusión que genera en el Congreso el proyecto oficialista del “Rol Único de Vándalos” (RUV), un severo registro nacional que busca centralizar las identidades y sancionar de forma implacable conductas de desorden público, tales como la destrucción de mobiliario urbano, rayados clandestinos, las quemas de buses, agresiones a personal de salud o el comercio ambulante ilegal. Desde el bloque opositor de Valparaíso, las críticas al plan del presidente Kast fueron lapidarias; el diputado comunista Luis Cuello acusó al Ejecutivo de arrastrar intenciones ideológicas y sesgos de clase destinados a criminalizar única y exclusivamente a los sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica. Cuello advirtió que su bancada ya levantó expresas reservas de constitucionalidad sobre el proyecto, alertando que las severas restricciones del registro atentan contra las libertades civiles fundamentales y amenazan con judicializar tradiciones culturales icónicas de la ciudad puerto, tales como las fiestas callejeras de Año Nuevo o las masivas congregaciones artísticas de los cerros.
¿Qué implica jurídicamente la “Reserva de Constitucionalidad” presentada por un parlamentario?
En el proceso legislativo de Chile, la reserva de constitucionalidad es una herramienta y un acto formal mediante el cual un parlamentario o un bloque de congresistas deja constancia oficial, durante el debate de una ley, de que un artículo o proyecto específico vulnera los principios, derechos o garantías amparadas por la Constitución Política de la República. Esta maniobra técnica opera como un blindaje legal ineludible; al quedar registrada formalmente en las actas del Congreso, abre la puerta para que, una vez aprobado el proyecto por las cámaras, los legisladores puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) para exigir la impugnación, anulación o extirpación del articulado impugnado antes de que sea promulgado como ley oficial.
(Fuente: Biobío)