El hecho denunciado habría ocurrido durante una ronda de patrullaje preventivo encabezada por el acusado en calidad de jefe de turno. La casa consistorial activó acompañamiento jurídico y psicológico a través del Centro de las Mujeres para asistir a la afectada.
Los hechos durante un patrullaje de turno
Un grave hecho que involucra a personal de vigilancia ciudadana motivó la adopción de medidas inmediatas al interior de la Dirección de Seguridad Pública de Quilpué. Un inspector municipal —con antecedentes como exuniformado— fue formalmente denunciado por una colega de funciones tras protagonizar una conducta tipificada como presunto acoso sexual en el ámbito laboral. El suceso se habría desencadenado en los momentos en que ambos prestaban labores operativas y realizaban una ronda rutinaria de patrullaje a bordo de un móvil institucional. El funcionario implicado cumplía el rol de jefe de turno cuando acontecieron los presuntos actos de hostigamiento contra la funcionaria, quien procedió a formalizar el reclamo por las vías oficiales del municipio.
Procedimiento sumarial y cese inmediato de funciones
A través de una comunicación pública, la Municipalidad de Quilpué confirmó la recepción de los antecedentes y ratificó la desvinculación del trabajador de sus labores operativas a contar del mismo instante en que se interpuso el libelo acusatorio. La entidad edilicia instruyó la instrucción de un sumario administrativo con el objetivo de determinar con rigor procesal la existencia de las faltas y las eventuales responsabilidades de carácter disciplinario. En paralelo al proceso investigativo, la casa edilicia canalizó asesoría técnica y legal permanente hacia la víctima mediante el Centro de las Mujeres de Quilpué. Las autoridades comunales enfatizaron su rechazo a todo tipo de vulneración laboral, señalando la obligación institucional de resguardar espacios laborales seguros, dignos y libres de violencia de género.
¿Cómo opera la Ley N.º 21.643 (“Ley Karin”) frente a denuncias de acoso sexual y laboral en el sector municipal?
En el marco normativo chileno, la Ley N.º 21.643 introdujo modificaciones sustantivas al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. La normativa exige la adopción de medidas de resguardo inmediatas y obligatorias apenas recibida la denuncia —tales como la separación física o reasignación de turnos entre la persona denunciante y el denunciado—, fija plazos perentorios para la sustanciación de la investigación sumaria y tipifica la agresión o el requerimiento indebido de índole sexual como una falta grave al principio de probidad administrativa, lo que faculta a la autoridad edilicia a aplicar la sanción de destitución del cargo.
(Fuente: Biobío)