Una presentación ante la Fiscalía Nacional Económica apunta a un esquema de exclusividad en las maniobras de amarre y desamarre de naves en Puerto Ventanas S.A. La acción legal denuncia barreras de acceso para trabajadores eventuales y presuntas prácticas antisindicales vinculadas a cobros de sobrecostos.
Un presunto circuito de contratación exclusiva
El funcionamiento del mercado de servicios marítimos en la bahía de Quintero-Ventanas quedó bajo el escrutinio de los organismos reguladores tras el ingreso de una denuncia formal ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). La acción fue interpuesta por el abogado Felipe Andrés Bravo en representación de cuatro trabajadores portuarios, solicitando al órgano persecutor investigar la existencia de un posible monopolio forzado que estaría restringiendo la libre competencia en las faenas de amarre y desamarre de embarcaciones operadas en el terminal de Puerto Ventanas S.A.
De acuerdo con el libelo acusatorio, la distorsión económica se originaría en un esquema obligatorio donde las agencias marítimas deben contratar necesariamente con la firma B&M Agencia Marítima para operar en el terminal. A su vez, dicha compañía subcontrataría en exclusividad a su filial Servicios Marítimos y Portuarios (SMP), generando un sobreprecio por doble intermediación entre empresas que comparten el mismo controlador. Paralelamente, la denuncia sostiene que este engranaje obligaba a contratar únicamente a trabajadores afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios y Afines Quintero-Ventanas, marginando de los turnos a estibadores independientes o disidentes mediante listas diferenciadas.
Requerimientos de información y diligencias a la FNE
El caso mantiene una arista laboral abierta por prácticas antisindicales ante los tribunales del trabajo, luego de que los denunciantes acusaran haber quedado sin opciones laborales tras ser excluidos de las faenas por los coordinadores gremiales. Frente a estos antecedentes, los trabajadores solicitaron a la FNE la apertura de una investigación formal para verificar si las cláusulas contractuales entre Puerto Ventanas, B&M y SMP vulneran el Decreto Ley N.º 211 sobre defensa de la libre competencia.
Entre las diligencias solicitadas al organismo fiscalizador figura el requerimiento de copias de contratos de concesión y servicios, la revisión de planillas de asignación de turnos, el examen de correos electrónicos y mensajes de coordinación, y la toma de declaración a ejecutivos portuarios, dirigentes sindicales y personal eventual afectado.
¿En qué consiste el “abuso de posición dominante por negativa de venta o acceso” en el derecho de libre competencia?
En el marco del Decreto Ley N.º 211, el abuso de posición dominante ocurre cuando una empresa con poder significativo en un mercado relevante impone condiciones comerciales abusivas, fija sobrecostos injustificados o bloquea el acceso a insumos o instalaciones esenciales para otros competidores. La negativa injustificada de contratar o la imposición de contratos de exclusividad atados (tie-in sales) distorsionan la eficiencia económica y perjudican tanto a los proveedores de mano de obra como a los usuarios finales de la cadena logística portuaria.
(Fuente: Biobío)
