La empresaria Marta Pentzke, expropietaria de la histórica conservera Dos Caballos, enfrenta acciones judiciales por más de $7 mil millones interpuestas por acreedores nacionales y extranjeros que acusan la sustracción ilegal de más de 4,2 millones de tarros de conserva entregados en garantía de créditos antes de la quiebra de la firma en 2019. Tras ser condenada en sede penal a 541 días de presidio remitido por el retiro no autorizado de productos bajo régimen de warrant en San Felipe, el proceso ahora se traslada al ámbito civil y mantiene abierta la arista penal contra sus hermanos Alberto y Patricio, cuya preparación de juicio oral quedó agendada para enero de 2027.
La trama financiera se remonta a octubre de 2019, apenas dos meses antes de que se decretara la liquidación forzosa de la tradicional industria fundada en 1906, en medio de un pasivo acumulado cercano a los $69 mil millones. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y el hallazgo posterior del liquidador concursal, Marta Pentzke retiró sin autorización legal millones de latas de duraznos y pulpa de fruta almacenadas en las bodegas de San Felipe para comercializarlas o traspasarlas a terceros, pese a que dicha mercadería respaldaba préstamos vigentes.
Tras admitir su responsabilidad penal en marzo pasado, la empresaria recibió una condena de 541 días de reclusión que cumple en libertad bajo remisión condicional. Con ese fallo ejecutoriado como base, un grupo de 14 sociedades financieras —encabezadas por Inversiones Carsi, Addwise y JPAG— presentó una demanda indemnizatoria por más de US$5 millones, sumándose a una acción paralela de la firma peruana Perufarma por otros US$2 millones tras perder el respaldo de más de 1,8 millones de tarros garantizados.
El conflicto suma además una querella por contrato simulado en contra de Alberto Pentzke y sus hijos, a quienes Perufarma acusa de haber traspasado un lujoso departamento en avenida Presidente Riesco por debajo de su valor comercial hacia una sociedad familiar para eludir el cobro de acreedores. Mientras las defensas de Alberto y Patricio Pentzke sostienen su absoluta inocencia asegurando que abandonaron la administración antes del retiro de las especies y que las operaciones inmobiliarias responden a planificación patrimonial legítima, el tribunal fijó el 5 de enero de 2027 para iniciar la preparación de su juicio oral.
En el derecho comercial y financiero, el warrant (o vale de prenda) es un instrumento de crédito que permite a las empresas productoras obtener liquidez inmediata dejando su propia mercadería almacenada como garantía real en recintos autorizados por un almacenista general de depósito. Mientras el crédito no sea pagado, el deudor pierde la libre disposición física de los bienes, quedando estos bajo custodia legal exclusiva en resguardo de los acreedores. Cuando el propietario retira o enajena la mercadería sin alzamiento formal de la prenda, comete el delito específico de sustracción de especies dadas en prenda, infracción que acarrea sanciones penales por defraudación a la fe mercantil y habilita demandas civiles indemnizatorias destinadas a recomponer el patrimonio de los financistas afectados.
(Fuente: Biobío)