El coloso deportivo de la provincia costera sigue sumido en un colapso burocrático de obras complementarias. Inicialmente presupuestado en 12 mil millones de pesos, el gasto fiscal escaló brutalmente tras detectarse 14 observaciones técnicas que aplazarán su apertura oficial hasta el primer semestre de 2027.
Un conflicto absurdo entre fierros y pintura
La fisonomía urbana y deportiva de la provincia de San Antonio alberga una de las historias de inversión fiscal, retraso administrativo y frustración comunitaria más bulladas e indignantes de la Región de Valparaíso. Las modernas estructuras del Estadio Municipal de San Antonio, cuya edificación física concluyó de forma completa entre los meses de fines de 2021 y comienzos de 2022 por un costo inicial de $12 mil millones de pesos chilenos, continúan cerradas a cal y canto ante la total imposibilidad de ser entregadas de forma oficial a los deportistas locales. El nudo ciego institucional se desató luego de que las comisiones fiscalizadoras detectaran un listado técnico de 14 severas observaciones de carácter normativo que amarraron la firma de recepción final por parte de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Para intentar subsanar los errores de diseño, las autoridades de la Moneda debieron inyectar un presupuesto extraordinario de $9 mil millones de pesos adicionales destinados de forma exclusiva a un contrato secundario de obras complementarias, elevando el valor de la megaobra a una colosal cifra consolidada que supera los 21 mil millones. Los trabajos de enmienda —que arrancaron en marzo de este año con un bloque fatal de ejecución de 11 meses continuos— se focalizan en la adecuación de barandas de seguridad viales, ventanales, rediseño de accesos y la aplicación de pintura contra incendios. El demencial retraso ha desatado el fuego cruzado de las jefaturas regionales; mientras la seremi del MOP, Patricia Terán, defendió el avance de las faenas complementarias, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, catalogó públicamente el entrevero como una “discusión bien absurda” amarrada a la calidad de la pintura que termina por estrangular el derecho recreativo de las familias de los cerros de San Antonio, fijándose el uso real del pasto recién para inicios del año 2027.
¿Qué rol cumple la “recepción municipal” y normativa en el proceso de entrega de una obra pública en Chile?
En el ámbito de la ingeniería civil y el derecho administrativo chileno, la recepción definitiva de una obra es un acto legal ineludible mediante el cual la Dirección de Obras Municipales (DOM) o las direcciones técnicas ministeriales certifican científicamente que el edificio construido cumple al 100% con la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los planos aprobados y las normas específicas de seguridad vial e industrial. Si los inspectores detectan fallas normativas graves —tales como la ausencia de pintura intumescente contra el fuego, barandas endebles o fallas de accesibilidad universal—, la ley prohíbe de forma tajante otorgar el permiso de ocupación, impidiendo que el recinto se ponga a disposición de la comunidad debido a la responsabilidad civil y penal que arriesga el Estado ante eventuales accidentes o catástrofes en su interior.
(Fuente: Biobío)