El ministro Iván Poduje expandió las denuncias criminales ante el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y falsificación de documentos públicos. La trama de corrupción involucra convenios fraudulentos de asistencia técnica, matrimonios ocultos entre funcionarias de Serviu y empresarios, y certificados falsos visados por un exdirector de la institución para beneficiar a firmas privadas.
Certificados falsos y categorías de papel
Una pormenorizada serie de auditorías internas, minutas jurídicas y correos electrónicos institucionales sacaron a la luz el mayor escándalo de probidad y tráfico de influencias que haya golpeado la gestión habitacional en la Región de Valparaíso. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, gatilló una contundente contraofensiva legal al solicitar formalmente la representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para interponer una querella criminal masiva en contra de las entidades patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno SpA. La indagatoria del ministerio desnudó que la firma Social Arquitectura obtuvo un aumento fraudulento de categoría en el Registro de Asistencia Técnica gracias a un certificado de experiencia extendido falsamente el 19 de julio de 2024 por el entonces Director del Serviu Valparaíso, documento que acreditaba la finalización exitosa de 14 proyectos habitacionales que en la realidad registraban un 0% de avance físico o estaban inconclusos. Con este engaño, la empresa accedió de forma irregular a millonarias carteras de reconstrucción valoradas en 709.143 Unidades de Fomento (UF).
El cerco judicial se extendió con la misma gravedad sobre los pasillos internos del Serviu. Los análisis de la División Jurídica detectaron que una analista de postulaciones de la entidad estatal, identificada como Makarena Flores Díaz, intervino directamente en las revisiones y aprobaciones de más de veinte carpetas de beneficiarios adscritos a la firma Social Arquitectura, omitiendo de forma grave declarar que el socio y administrador de dicha empresa, Gonzalo Pozas Alburquenque, era el padre de sus hijos y mantenía su mismo domicilio electoral. Asimismo, la segunda entidad involucrada en la trama, Uno a Uno SpA —liderada por Soledad Monsalve León, exfuncionaria de gabinetes de ministros del PS—, suscribió convenios estatales ocultando que su cónyuge, Danitza Roa Santos, se desempeñaba activamente en el Serviu Valparaíso.
Auditoría nacional y demoliciones en Viña del Mar
La reacción de las defensas privadas fue de total rechazo ante la ofensiva gubernamental. La abogada de Social Arquitectura, Erika Maira, catalogó los anuncios ministeriales como una burda maniobra de “amedrentamiento comunicacional” orquestada por el secretario de Estado para desviar la atención pública de las denuncias que pesan en su contra por abuso de poder y resoluciones ilegales. Maira disparó de vuelta apuntando al corazón del equipo de confianza de La Moneda, acusando que la arremetida busca tapar el escándalo de Roberto Marchant, el propio encargado de Reconstrucción de El Olivar designado por Poduje, quien debió enfrentar demandas civiles tras descubrirse de forma imprevista que actuaba simultáneamente como representante legal de una constructora privada que edificaba casas para los damnificados del megaincendio.
Pese al fuego cruzado y las querellas cruzadas en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el Ministerio de Vivienda ratificó que no detendrá sus planes de saneamiento estructural en la zona de catástrofe. Poduje recordó que la paralización y posterior orden de demolición de las estructuras ejecutadas por la constructora San Sebastián en El Olivar se mantiene plenamente vigente, amparada en estudios técnicos y científicos irrefutables del IDIEM de la Universidad de Chile que demostraron que las casas violaron peligrosamente los cálculos sísmicos y las normas de resistencia al fuego de la Ordenanza General de Urbanismo. Como medida de control de daños y para erradicar eventuales focos de corrupción sistémica, la Subsecretaría del Minvu instruyó la apertura inmediata de una Auditoría Interna de alcance nacional sobre la totalidad de los convenios de asistencia técnica vigentes en los Serviu y Seremi de todas las regiones del país, buscando verificar la veracidad de las declaraciones juradas y frenar los traspasos informales de carteras de viviendas sociales.
¿Qué es el principio de abstención en la función pública y cómo previene los conflictos de interés?
El principio de abstención es una obligación legal y un pilar crítico de la probidad administrativa contemplado en la legislación chilena y refrendado por los dictámenes de la Contraloría General de la República. Este principio establece que todo funcionario público tiene el estricto deber de restarse, inhibirse y no intervenir en ningún tipo de procedimiento administrativo, examen de antecedentes, evaluación técnica o toma de decisiones cuando existan circunstancias que puedan restar imparcialidad a su gestión. Estas causales obligatorias de abstención se activan de forma automática si el funcionario posee un interés personal en el asunto, si mantiene vínculos de matrimonio, convivencia o parentesco directo con los socios o administradores de las empresas que postulan a contratos con el Estado, o si ha prestado servicios previos a dichas firmas. La infracción a este deber no requiere que se consume un daño económico real; el solo hecho de intervenir administrativamente existiendo un conflicto de interés potencial constituye una falta gravísima a los deberes funcionarios que gatilla la destitución inmediata mediante sumario.
(Fuente: Biobío)