El abogado y concejal Leonardo Contreras formalizó una acción penal por homicidio calificado tras la muerte de la joven Ninoska Carvajal. Contreras denunció que las policías y la Fiscalía han estigmatizado a las víctimas por vivir en una zona vulnerable, entorpeciendo el avance de un caso que mantiene a sobrevivientes con secuelas graves.
Víctimas tratadas como sospechosas
La indignación y la demanda de justicia se tomaron las calles del cerro Rodelillo tras presentarse una querella criminal que apunta directamente contra los criterios metodológicos aplicados por los organismos del Estado. El abogado y concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, asumió la representación formal de los deudos de Ninoska Carvajal, la adolescente de 19 años de edad que perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el tórax durante el tiroteo masivo del pasado 3 de junio en la población Santa Teresa. Contreras rompió los márgenes estrictamente judiciales al denunciar públicamente la existencia de un sesgo social y un histórico criterio de estigmatización territorial por parte de las policías y del Ministerio Público en la conducción de las indagatorias.
De acuerdo con las argumentaciones del jurista —quien se declaró oriundo del propio cerro afectado—, las autoridades estatales han incurrido en un acto de discriminación arbitraria al no tratar a los residentes del pasaje María Labrín en su legítima calidad de víctimas civiles de un ataque ciego, sino como eventuales sujetos de investigación vinculados al hampa. Contreras acusó que esta desconfianza institucional ha llevado a la Fiscalía a imponer exigencias desproporcionadas a los familiares, pidiéndoles respuestas y datos que escapan por completo a sus capacidades y que solo han servido para dilatar y retrasar de forma innecesaria la captura de los pistoleros que dispararon desde un automóvil en movimiento.
La disputa por la escena del crimen
El nudo crítico que cruza las discrepancias entre la defensa familiar y los persecutores radica en las condiciones en que fue periciado el sitio del suceso la noche del atentado. Originalmente, el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, José Uribe, encendió la polémica al afirmar ante los medios de comunicación que Carabineros no logró recuperar una cantidad significativa de evidencia balística debido a que la escena del crimen había sido absolutamente alterada e incluso limpiada de forma deliberada por los propios vecinos antes del arribo de las patrullas.
Esta lapidaria versión vecinal tuvo que ser corregida y matizada con posterioridad por la propia fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La máxima autoridad del Ministerio Público en la zona aclaró que el entorno urbano no se encontraba totalmente lavado, sino que el hallazgo de casquillos y trazas físicas fue sustancialmente menor respecto al volumen de impactos que lógicamente se esperaba encontrar al contrastar el nivel de la balacera con los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad. Perivancich admitió que esta escasez de indicios materiales complejiza el trabajo de laboratorio, pero insistió en que los equipos forenses continúan avanzando de forma firme en las pesquisas. Mientras la causa por homicidio calificado sigue bajo estricta reserva, las secuelas de la ráfaga plomiza continúan latentes en el Hospital Van Buren, donde uno de los múltiples heridos sobrevivientes fue diagnosticado con paraplejia definitiva a causa de los daños sufridos en su espalda.
¿Cómo puede afectar la estigmatización territorial el desarrollo de un proceso penal?
En la sociología jurídica y la criminología, la estigmatización territorial es el fenómeno mediante el cual se asignan prejuicios de peligrosidad, delincuencia o deshonestidad a un grupo de personas basándose exclusivamente en el barrio o sector geográfico donde residen. Cuando este sesgo permea el trabajo de las policías y las fiscalías, puede alterar negativamente el proceso penal de tres maneras técnicas: primero, distorsiona la objetividad de las primeras líneas de investigación al presumirse que un ataque ciego responde automáticamente a un ajuste de cuentas entre bandas rivales; segundo, quiebra los lazos de confianza necesarios para que los testigos colaboren entregando relatos de forma voluntaria por miedo a represalias o detenciones arbitrarias; y tercero, puede desviar los recursos forenses prioritarios hacia la fiscalización de las víctimas en lugar de concentrar el despliegue de inteligencia en la persecución de los verdaderos autores del delito.
(Fuente: Biobío)