La Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior levantó las alarmas tras confirmarse la desvinculación de 19 trabajadores de la Delegación Presidencial Regional y sus oficinas provinciales. Los sindicatos denunciaron una “razonada persecución ideológica” para instalar operadores oficialistas, mientras el Ejecutivo se atrinchera en un hermético silencio.
Un quiebre de confianzas en la delegación
La tensión interna escaló hasta los niveles más altos de las oficinas públicas de la Región de Valparaíso tras destaparse un masivo proceso de desvinculación de personal que los gremios califican de arrebato netamente partidario. La reclamación formal fue interpuesta por la mesa directiva de los trabajadores del Ministerio del Interior, quienes detallaron que la administración del delegado presidencial Manuel Millones notificó la desvinculación inmediata de 5 funcionarios de las dependencias centrales porteñas, cifra que se eleva de forma preocupante a 19 afectados al sumar las reparticiones de las gobernaciones provinciales de la zona.
De acuerdo con las denuncias de las agrupaciones sindicales lideradas por Fenaminsa, las desvinculaciones ocurrieron tras tensas reuniones directas con el delegado Millones, espacio donde —según la versión de los dirigentes— los despidos fueron abiertamente justificados bajo una lógica de limpieza política, apartando de sus funciones a profesionales técnicos por el solo hecho de haber ingresado al aparato estatal durante administraciones de signos políticos contrarios. Pese a los reiterados requerimientos de la prensa local para obtener una aclaración de los criterios utilizados, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se atrincheró en un hermético silencio, argumentando de forma escueta que han recibido instrucciones explícitas desde el Gobierno central de La Moneda para no emitir comentarios ni declaraciones públicas sobre este conflicto laboral.
¿En qué consiste el principio de “Confianza Legítima” en el empleo público chileno?
La confianza legítima es un principio de resguardo laboral y administrativo desarrollado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia chilenos para proteger a los funcionarios públicos contratados bajo la modalidad de contrata anual o transitoria. Este criterio establece que si un trabajador ha visto renovado su vínculo laboral de forma ininterrumpida por un periodo de tiempo determinado (habitualmente fijado en dos o más años), se genera de hecho una legítima expectativa de continuidad laboral. Por tanto, el Estado y las jefaturas de turno no pueden desvincularlo de manera arbitraria al término de su periodo anual, quedando obligados por ley a fundamentar técnicamente los despidos basándose en calificaciones deficientes o faltas graves, quedando prohibidas las remociones por meras razones de confianza política o ideológica.
(Fuente: Biobío)
