El gobernador de Santiago volvió a pedir al Ministerio del Interior la autorización de armas no letales para combatir la delincuencia. En el país vecino, la discusión, entre rechazos y voces a favor, se prolongó por 15 años.
La disputa por una eventual autorización en Chile del uso de dispositivos de paralización neuromuscular, conocidos como pistolas taser, volvió a la agenda ciudadana tras el pedido al Ministerio del Interior del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, para combatir la delincuencia y, a la vez, proteger a las fuerzas de seguridad frente a denuncias por “excesos” en la legítima defensa.
Mientras se demora la reglamentación, no hace falta ir a países lejanos como Estados Unidos, Reino Unido o España para revisar su implementación, sino a la vecina República Argentina, donde el uso de las pistolas taser tuvo periodos de resistencia ante el rechazo de sectores de derechos humanos hasta llegar a su aprobación dos veces con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una en 2019 y otra vez desde 2024.
El reclamo de Orrego por las pistolas Taser para frenar la delincuencia
En el marco de una creciente crisis de la delincuencia en la Región Metropolitana, Orrego insistió días atrás a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, que las fuerzas policiales como Carabineros y Gendarmería estén habilitadas para hacer uso de armas no letales como las taser (derivado del inglés: Thomas A. Swift’s Electric Rifle), que provocan descargas eléctricas e incapacitan temporalmente a las personas.
Para el gobierno de Santiago, las armas de electrochoque permitirían llenar el vacío existente hoy entre el bastón retráctil y las armas de fuego, evitando consecuencias violentas tanto a los imputados de algún delito como a víctimas y otras personas, a diferencia de lo que podría suceder con una pistola calibre 9 mm.
El reclamo, que arrastra varios meses de idas y vueltas a nivel mediático, retomó fuerza tras el doble crimen en Puente Alto, ocurrido el pasado 10 de enero, cuando un joven de 28 años mató a su sobrino de 6 años y la abuela de éste (75). El sujeto finalmente fue abatido por Carabineros con un arma de servicio, pero antes, durante su errática huida, atacó con un arma blanca a un taxista, forzó el ingreso a una vivienda aledaña a la escena de los asesinatos y apuñaló en el cuello a una sargento.
“Tuvimos una carabinera herida por un arma blanca, eso en el mundo hoy día se puede evitar a través de la existencia y la autorización del uso por parte de la policía de armas no letales, llamadas armas taser o de inmovilización. Llegó el momento que el Gobierno autorice a Carabineros a poder portar estas armas porque evitaríamos que, ante una circunstancia lamentable como esta, una carabinera nuestra termine herida”, declaró el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago.
Tohá, sin embargo, es reticente a autorizar el uso sin un protocolo adecuado y la capacitación correspondiente. En julio, cuando en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se debatía la tipificación y persecución penal de conductas terroristas, la ministra fue cauta al hablar de las taser porque “a veces ocasionan lesiones más graves de las que están previstas”.
“Como es un uso que se da en condiciones igual de alto riesgo, son siempre miradas con mucha atención y muchas veces hay opiniones críticas de cómo se usó, de cuándo se usó. Y hay personas que tienen reacciones malas a este tipo de armamento”, explicó en aquel entonces la funcionaria nacional.
Pistolas taser en Argentina: autorizadas hoy, pero resistidas durante el peronismo
Si bien hoy está autorizado y reglamentado su uso para las fuerzas de seguridad y del orden público, con provincias y municipios que se fueron adhiriendo a la medida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el uso de las pistolas taser también atravesó en Argentina un camino de luces rojas y verdes.
Desde 2009, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al mando de quien luego fuera presidente, Mauricio Macri (Cambiemos), se aprobaron pliegos (documentos con requisitos y condiciones) para adquirir armas de electrochoque para la Policía Metropolitana.
No tardaron en aparecer los rechazos, como el de la agrupación de derechos humanos HIJOS (vinculada a víctimas de la dictadura militar) que canalizó su crítica en un amparo judicial y un freno a las armas no letales, según sentenciaron los tribunales, hasta que se aprobara un protocolo.
Como el doble crimen de Puente Alto, el 8 de diciembre de 2017, un caso copó la atención mediática y social en Argentina, reforzando la discusión sobre la autorización de armamento no letal en manos de los policías. Eran los tiempos del gobierno de Cambiemos, con Bullrich respondiendo al presidente Macri, mientras el peronismo cumplía el rol de oposición bajo consignas progresistas y garantistas.
En la zona turística de La Boca, el turista estadounidense Frank Joseph Wolek fue asaltado por dos jóvenes que le robaron su cámara fotográfica y le dieron varias puñaladas. El policía Luis Chocobar, que no estaba de servicio, persiguió a uno de ellos, Juan Pablo Kukoc (18), quien terminó muerto tras recibir dos balas que disparó el oficial de civil.
La Justicia trasandina condenó a Chocobar a dos años de prisión en suspenso tras hallarlo culpable de “homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber” y lo inhabilitó a otros cinco años para ejercer cargos públicos. Pero, para el gobierno de Macri y sectores aliados, el acto había sido en defensa propia. De hecho, Bullrich acompañó al policía en el proceso judicial en su contra y se expresó a favor del uso de armas no letales para evitar episodios como el de La Boca.
Así, en mayo de 2019, la ministra de Seguridad compró un centenar de dispositivos taser y reglamentó la utilización a nivel nacional por parte de las fuerzas federales.
Argumentó, con la resolución N° 395/2019, que la incorporación de armas electrónicas iba a favorecer como “medio intermedio” para ejercer un “uso racional y gradual” de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes. Al principio, en áreas como aeropuertos, estaciones de trenes y espacios cerrados con alta concurrencia de gente.
El reglamento especificaba sobre el cumplimiento de un curso para los oficiales, así como los detalles de su accionar al momento de tomar la pistola ante un hecho violento: un grito a viva voz y advirtiendo, siempre en situaciones donde debiera ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas.
Cuando el peronismo volvió al poder en diciembre de 2019, la ministra de Seguridad de Alberto Fernández, Sabina Frederic, derogó el protocolo de las pistolas taser mediante la resolución N° 1.231/2019 y habló de un uso “irracional” que “incrementa la violencia en los hechos delictivos, pudiendo afectar de manera directa en la subjetividad de las personas que cometan un delito”, ya que “convierte en extremo cualquier enfrentamiento”, basándose en un código de conducta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Otras asociaciones de derechos humanos compartieron la postura del peronismo, advirtiendo el riesgo conceptual de “arma no letal” y supuestos excesos que podrían habilitar a los policías a usar una taser como táctica de intimidación o castigo y no como último recurso.
Tras su vuelta al Gobierno, Bullrich tuvo su revancha, tiró abajo la norma del gobierno de Fernández y volvió a reglamentar el uso de las taser para la inmovilización o incapacitación de agresores siempre que lo tuvieran previsto “en aquellas circunstancias en las que la utilización de un arma letal excediera la necesidad derivada de la amenaza o pudiera generar un riesgo de vida o de lesiones para terceras personas presentes en el lugar”, según se señaló en la resolución N° 704/2024.
También el año pasado, el policía Chocobar fue beneficiado por un fallo que anuló el primer juicio y ordenó realizar uno nuevo.
“Un tiro para el lado de la justicia. Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos”, declaró el presidente Javier Milei, mientras que Bullrich celebró: “La doctrina Chocobar siempre fue, es y será el cumplimiento del deber de un buen policía: cuidar a los argentinos de bien”.
Más armas no letales en la Ciudad de Buenos Aires
Varias provincias y municipios se plegaron al protocolo -en Argentina, cada jurisdicción es autónoma- de Bullrich para autorizar las armas no letales. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, aquella pelea y dilatada judicial iniciada en 2009 tuvo un final favorable en marzo de 2023, cuando la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó 60 pistolas taser que habían sido adquiridas por la Policía de la Ciudad.
Un caso exitoso de aplicación del protocolo fue celebrado meses atrás por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (primo de Mauricio), quien destacó la detención de un hombre armado en el barrio de Palermo. Para la protección policial, el hecho quedó grabado gracias a la tecnología audiovisual de las taser.
“Este mismo hecho, en otra época, podría haber terminado con una persona sin vida. Gracias a esta arma de baja letalidad, garantizamos una intervención rápida y segura. Para nosotros la única discusión siempre fue más seguridad y más prevención”, dijo Macri.
Además, el episodio sirvió para sumar la incorporación de 500 pistolas tipo Byrna, diferentes a las Taser. Funcionan a base de dióxido de carbono, que les permite lanzar proyectiles como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta.
(Fuente: Biobío)
