—Para el golpe de Estado, yo me acuerdo que mi papá se despertó en la noche. Y se prendieron todas las luces de la casa. Yo estaba en una habitación cerca y corrí donde él estaba, porque me di cuenta que pasaba algo. Me acuerdo cuando llamó a Allende.
Pamela Bustos Velozo (61) tenía apenas 10 años para el 11 de septiembre de 1973, pero recuerda con claridad los movimientos en su casa ese día. Particularmente los de su padre, Juan Bustos Marchant (1926-1974), prefecto jefe de la Policía de Investigaciones en Valparaíso.
Precisamente, aquella fue su última jornada en el cargo.
Se acuerda de todo gracias a su propia memoria, pues aunque su hermana Gloria (66) ya tenía 14 en ese entonces, nunca fue de hablar del tema. Tampoco su madre, Nelly Velozo Contreras, que calló todo para proteger a sus hijas y murió en 2008 sin encontrar oficialmente la verdad.
—Mi mamá se desfiguró. Mi papá también. Se vistió, hizo sus llamados. Empezó con el de Allende.
—Fue mi papá el que llamó directamente a Allende. Yo me acuerdo, era chica… era Allende.
—¿Y tú escuchaste cuando hablaba con él?
—Sí, yo escuché. Le dijo: “Se levantó la Armada. Estamos”.
De ahí en más lo que sobrevino fue una seguidilla de persecuciones a él y su familia. Fue removido del cargo, acusado de tráfico de drogas y armas. Una vez detenido y torturado, murió el 2 de mayo de 1974 de un balazo en la cabeza en el mismo cuartel en que por años sirvió en Valparaíso.
Lo entregaron en un cajón absolutamente sellado. A su familia le dijeron que se había suicidado, pero nadie nunca lo creyó así. A todos siempre les pareció una versión oficial inverosímil. El largo camino para llegar a la verdad tardó más de 50 años —con una exhumación de por medio— y recién terminó hace un mes, el 18 de diciembre recién pasado.
“LOS VAMOS A MATAR”
Tras la llamada a Allende, Bustos partió a la prefectura, en aquella época ubicada en la calle Uruguay. Se fue a la oficina, pese a que su esposa le pidió que no lo hiciera. Temía que le pasara algo.
—Yo jamás he hecho nada de lo que me pueda arrepentir. Si hay algo que ustedes van a tener siempre, es mi memoria limpia —recuerda Pamela que les dijo antes de irse.
No volvió en varios días. Nelly en la casa, con jaqueca, en la cama escuchaba la Radio Moscú con un aparato a pilas. Más nerviosa se ponía cuando escuchaba que por la señal pasaban avisos pidiendo que su esposo se presentara ante las autoridades. Por ese entonces era común y lo hacían para detener y torturar opositores al régimen.
—Él estando ahí, ya estaba en la Prefectura. No tenían por qué llamarlo. Era una forma de tortura. También llamaban todo el día por teléfono a la casa… teníamos el teléfono intervenido. Nos decían: “Los vamos a matar”, “vamos a violar a las niñas”, y no sé qué, “se van a morir todos” —recuerda Pamela.
Si bien fue destituido del cargo, permaneció en la institución.
La situación escaló el 11 de octubre de 1973. Estaban en medio de un almuerzo familiar en su casa y la nana salió a atender la puerta.
—Ella le dijo a mi papá: “Hay unos señores raros que vienen con capucha, que lo buscan”. Y mi papá salió.
Eran efectivos de la Armada, lo encapucharon y se lo llevaron. Lo torturaron e interrogaron por su vinculación con el exdirector de la Policía de Investigaciones, Eduardo Paredes, y sobre un supuesto tráfico de armas.
—Lo tiraron en un cerro, medio pilucho. Y él se fue como pudo, llegó caminando en la mañana a la prefectura. Lo vejaron, lo violaron. Hicieron grabaciones de nosotras, que supuestamente nos violaban. Le decían que estábamos ahí, que tenía que hablar, le hicieron firmar cosas. Y le pusieron electricidad en los testículos.
Tras ese suceso Juan Bustos se tuvo que mudar a Santiago, donde usualmente le hacían cumplir labores domésticas a modo de menoscabo. Como limpiar los baños, por ejemplo.
UN ENEMIGO PODEROSO
La familia, el proceso judicial y los registros de prensa apuntan al particular episodio que “condenó” a Bustos: una investigación por un ataque a la casa del vicealmirante Ismael Huerta. Todo antes del golpe.
Los problemas empezaron cuando la policía civil capturó a uno de los responsables. Bustos lo llevó directamente a la casa de Huerta. Lo recibió en la puerta, acompañado de su hija.
Ella y su padre lo reconocieron en el acto. Era el pololo.
—Lo tiene que dejar libre, porque yo soy un vicealmirante de la República —le ordenó.
—No lo voy a dejar libre, porque yo soy el perfecto de la República —replicó Bustos.
Acto seguido, se lo llevó detenido. La investigación de Bustos y su equipo determinó que había participado en el autoatentado perpetrado por la agrupación de ultraderecha Patria y Libertad.
Por ese entonces eran frecuentes ese tipo de actos. Y varios eran fabricados para acusar la violencia de la izquierda.
—Ahí Huerta se la juró —dice Pamela.
Días después del secuestro y las torturas, la familia tuvo que separarse. Pamela fue sacada del colegio y partió a vivir con su papá a Santiago. Eso sí, su traslado fue todo un operativo. En una caravana de tres autos la fueron intercambiando hasta llegar a la casa de un tío en la capital. Recién ahí llegó hasta su padre.
—Estaba con mi papá en Santiago, pero mi mamá y mi hermana estaban en la casa de una tía en Viña. Ella era la más grande, tenía que terminar el colegio. Mi papá estaba muy mal. Yo no vi a mi mamá por meses, no me podía ir a ver.
Es una dinámica que la persigue hasta hoy. Mientras cuenta su historia, sentada en un tranquilo café de Las Condes, involuntariamente deja escapar algunos sobresaltos cuando un peatón extraño se acerca abruptamente. No es racional, pero 50 años después sigue viviendo con el mismo miedo.
“ME TIENEN LIQUIDADO”
Las tensiones fueron escalando y el papá tuvo que dejarla sola e irse a refugiar a un hogar seguro en Rancagua. La mamá también tuvo que tomar precauciones.
—Ella se tomó un bus, se bajó, se tomó otro. Llegó a Los Vilos, volvió. Vino a Santiago y me fue a ver como por 10 minutos. Imagina lo que es eso para una niña de 10 años.
La reunificación familiar llegó recién a fines de 1973. Su mamá logró vender la casa que tenían en Viña del Mar, compraron otra en Santiago y volvieron a estar todos juntos de nuevo. Aunque no por mucho tiempo.
En abril de 1974 Juan Bustos fue detenido en el Cuartel de Investigaciones en Santiago Centro, por orden de la Fiscalía Naval de Valparaíso. Todo en el marco de una indagatoria por tráfico ilegal de armas, liderada por el abogado Enrique Vicente Molina.
—Ahí fue la última vez que yo lo vi con vida. Me acuerdo que lo fuimos a ver con mi mamá— rememora Pamela.
Desde allí fue trasladado a la ciudad puerto y recluido en el mismo cuartel que meses antes dirigía. Hasta que llegó el fatídico el 2 de mayo de 1974.
Un día antes, por el feriado del Día del Trabajador, le permitieron ir a visitar a su madre en Valparaíso. Fue escoltado de cerca en todo momento. No lo dejaron solo ni para ir al baño.
—En la casa de mi abuela había una escala súper parada y muy angosta. Y entonces en un momento mi papá se pone al lado de mi mamá y le dice: “Me tienen liquidado”. Fue lo único que le pudo decir —cuenta Pamela.
En Santiago, al día siguiente a ella y su hermana Gloria las subieron al auto para ir a Valparaíso. Nadie decía una palabra. Sólo atinó a preguntar si su papá se iba a morir, aunque pensó que podía tratarse de la úlcera que padecía en ese entonces. Todos se quedaron en silencio. Nadie le respondió.
Lo único que se escuchó durante el camino fue el llanto de su hermana. Una vez en la ciudad puerto a la familia simplemente le entregaron un cajón con un sello metálico, prácticamente imposible de quebrantar.
—Después de dos semanas llamaron a mi mamá de la Armada. El fiscal naval Enrique Vicente le dijo: “Señora, mi más sentido pésame. Revisamos los papeles, su marido no tenía nada que ver con armas, ni con drogas, ni con nada. Así que lamento que se haya suicidado.
La viuda reaccionó con fiereza. En buen chileno, lo empapeló.
—Yo no sé cómo no la mataron. Les gritó: “¡Ustedes mataron a mi marido. Mi marido jamás se hubiera metido en una cuestión de drogas!”. Y varias cosas más —reconoce Pamela.
(IN)JUSTICIA
Pese a todo lo que sufrió, Nelly casi siempre se mantuvo en silencio frente a los atropellos de la dictadura. El 5 de octubre de 1988, el día que ganó el NO, hizo una excepción. Emocionada, simplemente atinó a abrazar a su sobrino.
—¡Por fin! ¡Por fin!— exclamó.
Se puso a llorar e inevitablemente recordó a su marido.
—¡Por fin, Juanito!
En los 90, pese al retorno a la democracia, tampoco obtuvieron respuestas. El primer paso fue una publicación del The Clinic, el 24 de julio de 2003, que por primera vez hizo público el expediente del caso de Juan Bustos Marchant.
A partir de ahí la familia inició la batalla judicial, que se extendió por más de 20 años. Presentaron una querella el 29 de noviembre de 2004, de la mano del abogado Héctor Salazar.
—Era bien tibio. No nos gustaba nada— apunta Pamela.
Así que al tiempo cambiaron por los hermanos Drago y Guillermo Kegevic, que llevaban el caso de su propio padre, también imputado injustamente en la misma causa por tráfico de armas de Juan Bustos. Al tiempo se sumó también el abogado Alex Cortés.
De todas formas el caso tuvo un lento avance. En 2006 se supo que el otrora fiscal naval Enrique Vicente ejercía por ese entonces como procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso. Un cargo que mantuvo por 40 años y que apenas dejó en 2015.
Recién en 2011, después de siete años, fue posible ejecutar la exhumación de Juan Bustos. Aquel sello indeleble de la urna acabó siendo de gran ayuda, pues mantuvo el cuerpo en un estado de conservación excepcional.
—Ahí ya se destapa la verdad —remarca Cortés.
El informe del año 74 decía que era un suicidio. Pero el 2011 otro reporte del SML evidenció las lesiones y la brutalidad con que Bustos fue agredido. Aunque aún el resultado no era categórico.
Por eso se ordenó un nuevo informe pericial a cargo de la Unidad de Medicina Legal de la Universidad de Chile, liderado en ese entonces por la doctora Carmen Cerda.
—Lamentablemente caímos en malas manos, porque Carmen Cerda ha trabajado históricamente con la PDI. Es profesora, hace clases y ella no se inhabilita —apunta el abogado. Y termina concluyendo en la tesis del suicidio. En 2015. Por lo tanto nosotros insistimos con la tercera pericia.
Aquel intento fue rechazado en primera instancia, pero finalmente lo consiguieron apelando a la Corte. Ahí llegan a Saida Cáceres, abogada y especialista en balística independiente, designada por el tribunal, que sepulta definitivamente la tesis del suicidio.
—El informe dice que estaba tan destruida la parrilla costal derecha que era imposible sostener ni siquiera la mano. Menos un arma. Con eso finalmente empezó a avanzar más rápidamente el proceso— detalla el jurista.
CUENTAS PENDIENTES
Ya en 2019, el ministro en visita Jaime Arancibia inició el procesamiento. Pero sólo apuntó contra los PDI que estuvieron presentes. En resumen, cinco personas que ya estaban fallecidas y dos con vida. El principal apuntado fue el autor material: Mario René Tashima Rebolledo.
Pero poco se hizo para perseguir a los autores intelectuales.
—Quien finalmente pide que lo maten es la Armada. Y en eso la justicia nunca ha querido meterse, porque quien hizo la labor sucia de la Armada, colocando cargos falsos, era Enrique Vicente Molina— acusa el abogado.
Un problema considerando que este último fue el fiscal naval que persiguió a Juan Bustos en dictadura y 40 años más tarde ejercía como procurador del CDE mientras se tramitaba la causa.
—Imagínate, en la misma causa estaba metido el Consejo, y estaba metido Enrique Vicente. Y lo defendían los propios abogados del Consejo. Él está implicado no sólo en esta causa, en muchas causas. De hecho, a él se refieren como el hombre del anillo de oro. Muchos no lo conocían, pero lo reconocían porque tenía un anillo muy grueso de oro.
El abogado Alex Cortés insiste en que nadie apunta a esas responsabilidades de mando y la complicidad de la mal llamada “familia naval”. A su parecer, nunca se ha querido meter ahí ninguno de los ministros en visita que ha pasado por la causa.
—Hasta el día de hoy, tu ves la relación de los ministros de la Corte, más del 50% están casados, tienen hijos o son familiares de marinos— señala.
En 2023 finalmente Tashima fue declarado culpable. Pero fue declarado con demencia por su avanzada edad. Ya tiene más de 90 años. El otro implicado que sigue vivo también zafó por la misma razón.
Aún así el abogado pone en duda la situación de Tashima.
—Seis meses antes estaba sacándose una foto con gente de la PDI recibiendo honores— cuestiona.
Con todo, luego sobrevino la demanda civil contra el Estado, dentro de la misma causa penal, que tuvo su primer paso en 2023 y ante la Corte de Valparaíso recién el 2024. Ahí se cerró el proceso, pues el CDE desistió de acudir a la Suprema.
(Fuente: Biobío)
