Un exhaustivo operativo de fiscalización migratoria de la PDI permitió capturar a la mujer de 50 años que caminaba libre por el plano portuario. Tras ser trasladada bajo custodia hasta el Aeroparque de Buenos Aires, las autoridades chilenas le decretaron una prohibición absoluta de reingreso al país por el lapso de un cuarto de siglo.
Control preventivo en las calles puerto
El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Valparaíso ejecutó una de las órdenes de expulsión más significativas en materia de resguardo de los derechos de la infancia de los últimos años. Los detectives de la unidad especializada se encontraban desarrollando controles masivos e inopinados de identidad en el radio urbano porteño cuando interceptaron a una ciudadana extranjera de nacionalidad argentina y 50 años de edad. Al ingresar sus datos informáticos a las plataformas de consulta policial, las pantallas arrojaron de forma inmediata una alerta de máxima prioridad: la mujer registraba una medida de expulsión administrativa vigente dictada por el Ministerio del Interior que no se había podido concretar debido a que se encontraba oculta.
La drástica sanción gubernamental se fundamenta en un grave y crudo antecedente delictual. La trasandina había sido condenada formalmente por los tribunales de justicia chilenos en el año 2007 tras acreditarse su participación directa en el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Valparaíso. Tras cumplir de forma efectiva la pena de cárcel dictada en los recintos penitenciarios nacionales, la ley chilena mandata su inmediata salida del territorio de la república. Bajo un estricto resguardo militar y policial, la PDI trasladó a la imputada hasta el Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde fue entregada oficialmente a las autoridades migratorias argentinas, sellándose el procedimiento con la prohibición inamovible de volver a pisar Chile durante los próximos 25 años.
¿Qué diferencia existe entre una expulsión judicial y una expulsión administrativa en Chile?
En el derecho migratorio chileno, existen dos vías legales para decretar la salida forzosa de un extranjero. La expulsión “judicial” es una pena sustitutiva que dicta un tribunal penal ordinario cuando un ciudadano extranjero comete un delito cuya condena es inferior a cinco años, conmutando la cárcel por la salida inmediata del país. En contraste, la expulsión “administrativa” —como la aplicada a la ciudadana argentina— es un acto de potestad exclusiva del Estado ejecutado por el Servicio Nacional de Migraciones mediante una resolución fundada. Esta se activa cuando un extranjero vulnera gravemente las leyes de tránsito fronterizo o cuando representa un peligro latente para la seguridad nacional tras haber cumplido condenas por delitos gravísimos en el país.
(Fuente: Biobío)