Tras revelarse que la refinería empleó una metodología distinta a la norma para medir emisiones de azufre, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Fiscalía abrieron investigaciones. El jefe comunal, Freddy Ramírez, advirtió que la confianza comunitaria está quebrada y demandó una postura institucional proactiva.
Cuestionamientos a las mediciones y pérdida de confianza
Un reportaje de investigación periodística expuso presuntas anomalías en la gestión y reporte de los datos de emisiones de dióxido de azufre por parte de la Refinería Aconcagua de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Los antecedentes apuntan a la utilización de una metodología técnica no contemplada en la normativa ambiental vigente para los balances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). Frente al hecho, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, manifestó su profunda preocupación por las repercusiones en la salud de los habitantes y la transparencia pública, señalando que la comunidad no puede vivir bajo la sospecha de datos ambientales inexactos.
El caso activó indagatorias simultáneas por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Ministerio Público para verificar si existió una manipulación dolosa de la información o una divergencia técnica no autorizada. Ramírez enfatizó que la casa consistorial evalúa hacerse parte de eventuales acciones legales y no descartó solicitar una auditoría ambiental independiente con monitoreos externos sobre las instalaciones.
Exigencias de compensación e inversión permanente
El edil conconino planteó que, más allá de esclarecer desde qué fecha se arrastran estas diferencias estadísticas, el Estado y la institucionalidad fiscalizadora deben adoptar un rol más proactivo en la mesa de diálogo comunal. Asimismo, sostuvo que ENAP debe asumir una responsabilidad comunitaria de carácter permanente mediante inversiones directas en infraestructura social y ambiental en Concón, sustentadas en los resultados financieros obtenidos por la estatal en los últimos ejercicios.
Las autoridades locales esperan la recepción de los informes oficiales remitidos por el directorio de la empresa al Congreso Nacional para definir los cursos de acción procesal. El municipio remarcó la urgencia de reevaluar los protocolos metodológicos para asegurar que las estaciones de monitoreo entreguen certezas irrefutables a la población expuesta a la actividad industrial.
¿En qué consiste un “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica” (PPDA) y cómo se fiscalizan las emisiones industriales?
En la legislación ambiental chilena (Ley N.º 19.300), un PPDA es un instrumento de gestión territorial que se promulga mediante decreto cuando una zona es declarada saturada o latente por superación de contaminantes en el aire (como $SO_2$ o material particulado). El plan fija metas de reducción y límites máximos de emisión para las grandes fuentes fijas mediante un inventario continuo. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) exige que las industrias cuenten con Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) certificados internacionalmente. Cualquier alteración de parámetros, cambio de algoritmos de cálculo o desfase metodológico respecto al protocolo oficial vicia las mediciones e infringe los compromisos ambientales de operación.
(Fuente: Biobío)