Familias damnificadas ingresaron un nuevo recurso de protección contra el ministro Iván Poduje y el seremi Marcelo Ruiz, respaldándose en peritajes que descartaron defectos de ejecución constructiva. La constructora denunció falta de imparcialidad de las autoridades ante Contraloría y defiende que las observaciones de diseño son subsanables en obra.
Acción cautelar ante la Corte de Valparaíso
El conflicto habitacional en torno a la reconstrucción del sector El Olivar sumó un nuevo capítulo en los tribunales superiores de justicia. Los vecinos damnificados por el megaincendio de febrero de 2024 recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para interponer un nuevo recurso de protección en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y del seremi de la cartera, Marcelo Ruiz, con el propósito de paralizar de forma inmediata cualquier faena de desmantelamiento de sus casas.
La acción legal surge tras la divulgación de los peritajes encargados por el Segundo Juzgado Civil, los cuales establecieron que las viviendas no presentan fallas en su ejecución constructiva y que las anomalías radican en la formulación, diseño y cálculo estructural aprobado por el Serviu. El abogado representante de las familias, Juan Andrés Pavéz, denunció la existencia de una amenaza actual e inminente de demolición encubierta sin que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar haya emitido los permisos de demolición preceptivos por ley, agudizando la incertidumbre de los pobladores.
Querella por abandono y reclamo ante Contraloría
En el frente técnico de la obra, la abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, Erika Maira, remarcó que las observaciones detectadas en los peritajes pueden y deben ser corregidas en obra bajo los contratos vigentes, fustigando el deterioro que sufren los inmuebles producto de robos, vandalismo y abandono tras la paralización ministerial.
Por su parte, el jurista Jaime Barrientos, en representación de la empresa Constructora San Sebastián, recordó la demanda civil interpuesta en agosto y confirmó una presentación formal ante la Contraloría General de la República para que se declare la inhabilidad legal del ministro y del seremi de Vivienda, acusando carencia de imparcialidad administrativa para seguir instruyendo decretos contra la firma constructora. La comunidad insiste en que las casas sean consolidadas técnicamente en lugar de ser demolidas, exigiendo que se respete el peritaje judicial dirimente.
¿Qué requisitos legales exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para ejecutar un “Permiso de Demolición”?
En la legislación urbanística nacional (artículo 5.1.4 de la OGUC y Ley General de Urbanismo y Construcciones):
- Tramitación ante la DOM: Ningún particular ni ministerio puede derribar un inmueble edificado sin solicitar formalmente y obtener un Permiso de Demolición emanado de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna respectiva.
- Exigencias documentales: La solicitud debe adjuntar un plano de emplazamiento del predio, un informe técnico de un constructor o ingeniero que detalle el método de desmonte estructural, medidas de mitigación de polvo y ruido para viviendas colindantes, plan de manejo de escombros en vertederos autorizados y un plan de apuntalamiento para evitar desplomes imprevistos. Iniciar demoliciones sin este acto administrativo municipal configura una infracción grave que faculta a los juzgados de policía local y cortes a decretar la paralización inmediata con auxilio de la fuerza pública.
(Fuente: Biobío)