El organismo fiscalizador instruyó un procedimiento disciplinario tras detectar que un documento judicial contra el proyecto inmobiliario Makroceano se redactó desde un computador de la Secplan. Mientras la casa consistorial descarta que se haya acreditado una falta a la probidad, las organizaciones en defensa de las dunas siguen la batalla legal.
Un rastro digital en los escritorios municipales
La frontera entre el activismo socioambiental y el correcto uso de los bienes del Estado ha vuelto a centrar la atención de los estamentos fiscalizadores de la región. La Contraloría General de la República ordenó formalmente a la Municipalidad de Viña del Mar la apertura de un sumario administrativo interna con el fin de determinar responsabilidades por el uso de una cuenta institucional en la confección de un recurso judicial de carácter particular. La denuncia, interpuesta por los representantes legales de la empresa Makroceano S.A., expuso que un reclamo de ilegalidad presentado por agrupaciones ambientales contra su proyecto en las dunas de Concón fue elaborado materialmente utilizando la cuenta de una funcionaria de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan).
Frente al dictamen del ente fiscalizador, desde el municipio viñamarino salieron a precisar el alcance de las actas de escritorio, argumentando que la Contraloría no ha individualizado culpables ni ha dictaminado una infracción directa al principio de probidad, sino que ha dispuesto una investigación para esclarecer de forma limpia la dinámica de los hechos. La administración comunal lamentó la interpretación que calificó de “antojadiza” por parte de los asesores de la inmobiliaria, sugiriendo que existen intereses comerciales dispuestos a tensionar la institucionalidad con tal de viabilizar la edificación de la estructura proyectada.
La pugna por el entorno dunar
En la vereda de la defensa territorial, el proyecto en cuestión contempla el levantamiento de un edificio residencial de nueve pisos en superficie y diez niveles subterráneos en el delicado perímetro del campo dunar, iniciativa que obtuvo una calificación ambiental favorable del Comité de Ministros tras acogerse un recurso de reclamación de la firma. El equipo jurídico de las fundaciones en resguardo del santuario ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Ambiental para intentar revertir los permisos de edificación.
De este modo, mientras los tribunales especializados evalúan las variables geográficas y de sustentabilidad del proyecto constructivo, el municipio deberá llevar adelante las indagatorias internas para transparentar el correcto uso de sus terminales informáticos y dar respuesta a las observaciones del organismo contralor.
¿Qué es un “procedimiento disciplinario o sumario” y qué alcances posee en la administración pública?
En el marco del derecho administrativo y estatutario chileno, un procedimiento disciplinario es una investigación formal e interna ordenada por la autoridad competente o instruida por la Contraloría General de la República. Su objetivo metodológico no es dictaminar una sanción inmediata de manera arbitraria, sino recopilar evidencias forenses, testimonios y actas que permitan verificar si los funcionarios públicos han incurrido en faltas a sus deberes o al principio de probidad administrativa. Durante el proceso, guiado por un fiscal instructor independiente, se garantiza el derecho a la defensa de los involucrados. Las conclusiones pueden determinar el sobreseimiento de la causa si no se constatan irregularidades, o bien proponer la aplicación de medidas correctivas que van desde la amonestación por escrito hasta la destitución del cargo de escritorio.
(Fuente: Biobío)