Un gigantesco despliegue de inteligencia de la PDI culminó con el arresto de 20 integrantes de una organización criminal dedicada al robo de cobre y baterías de litio. El grupo perpetró más de 67 atracos en zonas aisladas de Los Andes y San Felipe, generando pérdidas que superan los 744 millones de pesos y amenazando la conectividad del valle.
Un sabotaje tecnológico en la frontera interior
Las provincias interiores de la región vieron desarticulada a una de las redes mafiosas más destructivas y lucrativas en materia de robo de metales y tecnología estratégica del último tiempo. Tras un año de intensos rastreos de análisis criminal, escuchas telefónicas y seguimiento de rutas logísticas, la Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un masivo operativo de allanamiento simultáneo que terminó con la captura de 20 personas asociadas formalmente a los delitos de robo en lugar no habitado y asociación criminal. Los delincuentes operaban con precisión militar: localizaban antenas de telefonía e instalaciones eléctricas aisladas del radio urbano, vulneraban los portones perimetrales de seguridad y sustraían en pocos minutos baterías de litio, transformadores, paneles fotovoltaicos, convertidores de energía y kilométricos cables de cobre puro.
El balance entregado por el prefecto provincial de Los Andes, Mauricio Villanueva, da cuenta del tremendo daño socioeconómico detrás de las operaciones delictuales. Los investigadores lograron comprobar la participación directa de la banda en al menos 67 hechos delictivos concretados entre los meses de abril y junio de este año, arrastrando un perjuicio económico consolidado de $744 millones de pesos que afectó la continuidad operacional de más de 10 grandes corporaciones de telecomunicaciones del país. La gravedad de los atracos no solo implicaba un costo monetario de reposición; al desvalijar las baterías de respaldo, las antenas quedaban completamente mudas ante cortes de luz, aislando comunicacionalmente a pueblos cordilleranos enteros del Aconcagua ante cualquier emergencia de salud.
Armas y el fantasma del gran golpe a Codelco
Las sorpresas de la redada policial no terminaron con la incautación de las herramientas de oxicorte. Durante el registro de las viviendas, los detectives incautaron un poderoso arsenal integrado por ocho armas de fuego —entre pistolas automáticas y rifles de largo alcance equipados con miras telescópicas de precisión—, cajas de munición de grueso calibre, cerca de dos millones de pesos en dinero efectivo y un acopio de 789 kilos de material de cobre listo para ser fundido y blanqueado en el mercado informal de la chatarra.
El golpe policial de la PDI adquirió ribetes de seguridad nacional luego de que las jefaturas policiales confirmaran un dato sabroso y desconocido de la trastienda de inteligencia. Las escuchas en tiempo real demostraron que la estructura delictiva se encontraba afinando los últimos detalles tácticos para perpetrar un masivo e imprevisto asalto armado contra las bodegas de almacenamiento de metales de la División Andina de Codelco, un millonario golpe que fue frustrado por la irrupción de las patrullas en los cerros de San Felipe. Los 20 imputados enfrentaron extensas audiencias de control de detención, quedando las principales cúpulas bajo prisión preventiva por constituir una amenaza directa para el orden público.
¿Cómo define el Código Penal chileno el delito de “Asociación Criminal”?
En el ordenamiento jurídico de Chile, el delito de asociación criminal sanciona penalmente el solo hecho de organizarse, formar parte o pactar una estructura colectiva con el fin de cometer delitos de forma sistemática y sostenida en el tiempo. A diferencia de la coautoría ordinaria (donde dos delincuentes se juntan transitoriamente para cometer un robo único), la asociación criminal requiere acreditar metodológicamente la existencia de un mando jerárquico determinado, una permanencia temporal estable, una división de funciones especializada entre sus miembros (quienes roban, quienes vigilan, quienes transportan y quienes blanquean las ganancias) y la provisión de medios logísticos o armamentistas comunes, castigándose con penas de presidio efectivas independientes de las sanciones asignadas a los robos individuales perpetrados por la banda.
(Fuente: Biobío)
