La Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó el plan de ejecución presentado por la Delegación Presidencial y dio por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, en San Antonio, específicamente en los sectores que no forman parte de las 115 hectáreas que serán expropiadas para un futuro proyecto habitacional.
Aunque el fallo no fija una fecha para el operativo, permite avanzar en la planificación del desalojo del 50% del asentamiento, donde viven alrededor de 2.200 familias que no pertenecen a cooperativas de vivienda y que deberán abandonar los terrenos de la inmobiliaria San Antonio S.A. La Delegación determinará el momento exacto en que se ejecutará la medida.
El delegado presidencial, Yanino Riquelme, indicó que se hará uso de la fuerza pública en caso de resistencia, mientras que el municipio habilitará albergues temporales. Carabineros y equipos operativos coordinarán las acciones para resguardar la seguridad del procedimiento.
Desde las cooperativas, sus representantes advirtieron que no serán consideradas las personas no inscritas en comités, quienes tengan una segunda vivienda o quienes no estén catastrados. En tanto, la empresa propietaria afirmó desconocer el contenido del plan aprobado.
El Gobierno debió reasignar recursos desde otras regiones para financiar el proyecto habitacional de la megatoma, decisión que generó críticas y acusaciones de que el Ejecutivo estaría validando una ocupación ilegal. Desde la UDI no descartan una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El proyecto habitacional contempla la expropiación y compra de 100 hectáreas, donde se desarrollarán soluciones urbanizadas para más de 4.000 familias integrantes de las cooperativas del sector. Cada beneficiario deberá complementar su subsidio mediante un plan de ahorro, que establece que las familias acumulen al menos 1,5 millones de pesos a fin de año.
Asimismo, el plan destina cerca del 5% del terreno a equipamiento comunitario y a reservas para futuros proyectos habitacionales destinados a familias que hoy no forman parte del campamento.
(Fuente: Biobío)