El pasado 20 de mayo entró en vigencia la ley N° 21.484 que establece un mecanismo de pago permanente para las deudas de pensiones de alimentos, entregándole a los tribunales de familia la facultad y la responsabilidad de investigar cuentas financieras, bancarias, de ahorro previsional voluntario e incluso, si corresponde, de ahorro previsional obligatorio de quienes mantienen este tipo de deudas.
Lo anterior faculta a los tribunales para requerir información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), AFPs y otros servicios del Estado, a fin de ordenar el pago de las deudas.
52 mil millones
En relación a este tema, hoy viernes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en cooperativa.cl a la nueva Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos -conocida como ley “Papitos Corazón”-, señalando que “por cada 10 personas que van ingresando al Registro Nacional de Deudores, hay 2,5 que pagan”.
En el primer semestre de funcionamiento de la nueva ley se han pagado deudas de pensiones de alimentos por un total de 52.347,8 millones de pesos, es decir, unos 60,2 millones de dólares, con cargo a los fondos previsionales de deudores de alimentos, y siguiendo los lineamientos de los tribunales de familia.
Hasta noviembre pasado, se habían pagado un total de 18.845 operaciones según informó la Superintendencia de Pensiones, con un promedio de pago que alcanza a los 2.777.881 pesos.
“Si bien representa un avance a la situación que observábamos antes, de estas leyes no es suficiente, porque estamos hablando de recursos esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y de miles de hogares que terminan liderando una mujer sola, en su mayoría”, señaló la ministra Orellana en relación al balance realizado por la Superintendencia.
“Queremos seguir fortaleciendo la aplicación de esta ley y es por eso que para el Presupuesto 2024 como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto al Ministerio de Justicia, solicitamos destinar más de 11 mil millones de pesos para tribunales de familia y otras instituciones relacionadas con la implementación de esta ley”, agregó la jefa de la cartera.
Orellana explicó que esos recursos “permitirán agilizar los procesos y disponer de más funcionarios y funcionarias para poder hacer efectivos los pagos, tal como ya lo estamos haciendo”.
Cabe destacar que según información entregada por las AFPs, los mayores montos pagados corresponden a cuentas gestionadas por Provida (34,98%), Hábitat (23,08%) y Capital (18,59%).
