En marzo de 1975, a sólo una habitación de distancia, Jorge Silva Huerta sentía cómo torturaban a sus compañeros durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El hecho de ser militante en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) lo convirtió en un blanco de la represión en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso. Al momento de su detención, Silva sólo tenía 22 años.
En ese entonces, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), formada en el Regimiento Nº2 de Tejas Verdes en San Antonio, se había apropiado para cometer sus horrores en el balneario popular de Santo Domingo.
Lugar que fue recuperado -durante esta semana- por el Gobierno del presidente Gabriel Boric como lugar de la memoria y futura escuela de Derechos Humanos.
Secuestrado en una camioneta Chevrolet C10, el joven llegó al Balneario Popular Rocas de Santo Domingo en el que, amordazado y vendado, estuvo 34 días incomunicado, sometido a torturas e interrogado sobre un armamento que dice jamás existió.
Sentado sobre los cimientos de esas viejas cabañas que pasaron de ser un centro vacacional popular a cárceles clandestinas y centros de tortura durante la dictadura, Silva dijo a EFE que “de aquí podíamos salir libres o muertos”.
Agregando que lo vivido “lo vamos a recordar toda la vida” y que hoy “estamos contentos de recuperar este lugar”.
Política de memoria del Gobierno
Como parte de una política de memoria impulsada por el Presidente Boric, el sitio histórico fue recuperado esta semana por el fisco. La finalidad es entregar en concesión un sitio de memoria por región durante esta administración.
En ese contexto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, señaló que la recuperación “es un hito” porque “estuvo administrado durante muchos años por el Ejército” y “ocurrieron hechos horrorosos” como tortura y violaciones a los DDHH.
Lo mismo ocurrió en la región de Antofagasta cuando el Estado recuperó el excuartel de Carabineros La Providencia, espacio que fue entregado en concesión a la Agrupación de Memoria Histórica Providencia para implementar políticas de memoria.
“No sólo saldamos una deuda con el pasado, las víctimas y sobrevivientes, sino también con la sociedad”, dijo Toro, agregando que “hoy enfrentamos nuevas amenazas a la democracia, en Chile y en el mundo”.
“Decir nunca más y promover los Derechos Humanos hacia el futuro es también devolver a las actuales y futuras generaciones el derecho a construir su propio futuro”, añadió.
“Esta historia no es sólo muerte”
Una de las protagonistas de este esfuerzo es la dirigente histórica de San Antonio, Ana Becerra, que con 17 años se transformó en una de las sobrevivientes de la tortura en el balneario de Santo Domingo.
Al igual que Jorge Silva, Ana militaba en el MIR y estuvo más de un mes detenida y sometida a tormentos en las cabañas ubicadas en Santo Domingo, desde donde fue trasladada a los centros de tortura Villa Grimaldi y Tres Álamaos, en la región Metropolitana.
“La Fundación por la Memoria San Antonio les promete que de aquí a unos años más, este sitio estará convertido en una escuela de Derechos Humanos, ese es nuestro sueño”, dijo Ana al recibir el acto administrativo que sella la concesión.
“Esto no es sólo muerte, este es un sitio que tuvo alegría, tuvo su parte oscura, pero que volverá a renacer con las dos partes en conjunto, la historia del sitio y las carcajadas de los jóvenes de la escuela de Derechos Humanos”, agregó entre aplausos.
