Fueron más de 1.193 millones de pesos en 107 transferencias. Un informe de Contraloría detectó que parte de los movimientos bancarios terminaron en cuentas de los familiares el exalcalde de Algarrobo, imputado por malversación de caudales públicos.
Más de 1.193 millones de pesos, en 107 transferencias, realizó la ex tesorera —ahora imputada— Belén Carrasco en el municipio de Algarrobo, según el informe final de la Contraloría. Parte de ese dinero fue a parar a las cuentas de un sobrino y primo del exalcalde de la comuna.
En medio de la investigación que mantiene como imputado al exalcalde José Luis Yáñez, el ente contralor inició un sumario administrativo y entregó los antecedentes al Ministerio Público.
La Contraloría detectó que las transferencias habrían sido efectuadas entre junio de 2021 y noviembre de 2023 por la tesorera municipal de la comuna de Algarrobo, quien además no contaba con un nombramiento administrativo.
Destacar que dos de los nombres que aparecen en estos movimientos bancarios tienen vínculo familiar directo con el imputado Yáñez.
Esto en el marco de lo que concluyó el ente contralor, tras la investigación que mantiene en prisión preventiva al exalcalde José Luis Yáñez y a Belén Carrasco —la supuesta tesorera— ambos por el delito de malversación de caudales públicos, además de cohecho para Yáñez.
Para Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, llama la atención el tiempo en el que se desarrollaron estos ilícitos al interior del municipio sin una alerta de por medio.
El informe constata, además, que las transferencias realizadas por Carrasco fueron aprobadas por el exalcalde, la exdirectora de Desarrollo Comunal y el exdirector jurídico.
Alberto Precht, abogado y miembro del directorio de Chile Transparente, destacó lo importante de este informe para la investigación que lleva el Ministerio Público.
Además, el ente contralor detalló que el exalcalde Yañez habría intervenido en procesos disciplinarios iniciados mediante decretos alcaldicios. Así, el ahora imputado habría presionado al fiscal del proceso para direccionar su resultado.
Finalmente, la Contraloría General inició un sumario administrativo y entregó todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
(Fuente: Biobío)
