Cada cinco años debe definirse el ajuste tarifario para el costo del agua. El plazo legal para que se zanjara esta discrepancia fue el pasado 15 de noviembre y al no lograr un acuerdo, la comisión de expertos deberá reunirse— con un plazo de 30 días y 15 de una posible prórroga— para elegir un valor entre el de la empresa y la autoridad, sin cifras intermedias.
Al respecto, Jorge Rivas, superintendente de Servicio Sanitarios, indicó que las empresas sanitarias tienen expectativas bastante altas y que ellos esperan que las tarifas no suban en demasía. Explicó que a diferencia de lo ocurrido con Aguas Andinas, con Esval no lograron llegar a un acuerdo, lo que se resolverá en la comisión de expertos.
Alejandro Salas, gerente regional de Esval, enfatizó que la zona es una de las más afectadas por el cambio climático durante los últimos 15 años, y que por eso, para mantener la continuidad del servicio se requiere de inversión que se refleje en tarifas.
Además, la empresa sanitaria señaló que este procedimiento implica la búsqueda de tarifas costo-eficientes para autofinanciar las inversiones y operaciones de la compañía.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios declaró que el privado se encuentra realizando obras de menor tamaño, que no tienen grandes impactos tarifarios, por ejemplo, una planta desaladora para el sistema del Gran Valparaíso.
(Fuente: Biobío)
