Tras días de movilizaciones y bloqueos parciales en las principales rutas de la región, los camioneros independientes acordaron deponer el paro nacional contra el alza de los combustibles y liberar el tránsito en las carreteras de Valparaíso. La determinación fue adoptada en medio de evidentes discrepancias internas entre las bases movilizadas, las cuales aceptaron el término de la protesta bajo advertencia de retomar las medidas de presión si no se concretan soluciones económicas para el sector.
La decisión de bajar la movilización puso fin a los cortes intermitentes que afectaron el desplazamiento de carga y pasajeros en arterias estratégicas de la zona, como la Ruta 68 y los accesos portuarios. Durante las jornadas previas, grupos de transportistas independientes habían apostado sus máquinas en enlaces viales clave para exigir rebajas directas en el valor del diésel y mayores garantías de seguridad en las autopistas.
No obstante, el acuerdo para levantar el bloqueo evidenció fisuras entre los distintos dirigentes y conductores autoconvocados. Mientras un sector optó por retomar las operaciones habituales para evitar mayores pérdidas económicas y el escalamiento de acciones judiciales por parte del Ejecutivo, otro grupo manifestó su disconformidad con los alcances del entendimiento, señalando que las demandas de fondo respecto a los costos operacionales siguen sin resolverse.
Con el retiro de los camiones desde las bermas y pistas de circulación, el flujo vehicular hacia los terminales marítimos y la Región Metropolitana comenzó a normalizarse de manera progresiva bajo monitoreo de Carabineros.
En los conflictos gremiales del transporte terrestre, la fragmentación entre confederaciones nacionales tradicionales y grupos de conductores independientes suele dificultar la representatividad única en las mesas de negociación con el Estado. Mientras el Ejecutivo dispone del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para amortiguar las alzas semanales de los hidrocarburos mediante ajustes en el impuesto específico, las medidas de fuerza que interrumpen el libre tránsito por rutas concesionadas enfrentan el límite legal de la Ley de Seguridad del Estado, normativa que faculta al Gobierno a querellarse y solicitar el despeje forzoso cuando se paraliza el abastecimiento estratégico del país.
(Fuente: Biobío)
