Tras una auditoría interna en la Corporación Municipal de Quilpué, la alcaldesa Carolina Corti interpuso una querella criminal por posibles delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos y falsificación de instrumento público en contra de quienes resulten responsables por el déficit de cerca de 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con lo informado, en la auditoría se revisaron documentos contables y financieros de dicha Corporación, correspondientes a los últimos tres años, donde se logró establecer el real panorama financiero y contable.
Es así que al 12 de diciembre, la Corporación Municipal de Quilpué, compuesta por las áreas de Salud y Educación, registra un déficit (aproximado y potencialmente al alza) de $4.687.349.303.
Trabajadores fantasmas
Déficit que la nueva administración atribuye al pago millonario que recibieron “trabajadores fantasmas” sin contrato, sumado al pago de horas no trabajadas a ciertos funcionarios.
Entre ellos se identifica a un enfermero del SAR que no tiene registro de asistencia y contratación, quien habría recibido más de $24 millones.
En total son 47 los trabajadores cuestionados, ocho de los cuales corresponden a funcionarios activos de la Corporación Municipal de Quilpué, pero sin funciones relacionadas con el pago realizado. Otros 25 funcionarios recibían el pago de horas no trabajadas.
“Acá se habrían usado indebidamente recursos públicos destinados a mejor la calidad de vida de los vecinos. Son conocidos todos los problemas que presenta la comuna en esta materia, en falta de infraestructura, falta de especialistas”, explicó Carolina Corti.
“Como alcaldesa estoy en la obligación de presentar esta querella y solicitar a la justicia que investigue detenidamente cada arista de esta eventual defraudación, si hubo o no una orquestación para malversar recursos del estado. En definitiva, requerimos una investigación a fondo porque con los recursos públicos no se juega”, añadió la jefa comunal.
Malversación de fondos del Ministerio de Educación
Otra de las causas que se investiga es “la presunción de malversación de fondos provenientes de proyectos adjudicados por el Ministerio de Educación, cuyo monto asciende a $1.116.321.640; y los recursos públicos transferidos desde la cuenta de Salud a Educación, que alcanza a $1.351.288.618, desconociendo con exactitud el destino de dichos fondos y su justificación”, se detalla en la querella presentada.
Por su parte, la directora jurídica de la Municipalidad, Ximena Olivares, explicó que “luego de la investigación realizada por la Corporación se han detectado hechos que podrían constituir delitos, tales como, malversación de fondos públicos por distracción, fraude al fisco, utilización de fondos en situaciones distintas para las cuales están destinados, algún tipo de concertación destinada a producir estas situaciones fraudulentas”.
También apuntó a “una tendencia permanente a generar situaciones de apropiación indebida de fondos como lo es, por ejemplo, la retención de impuestos de trabajadores que no fueron enteradas, retención de pagos de cajas de compensación u otro tipo de obligaciones que tampoco fueron enteradas y que finalmente constituyen una apropiación indebida de fondos”.
La querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Quilpué y va dirigida al exsecretario general de la Corporación, al exdirector de Finanzas y todos quienes resulten responsables.
Exalcaldesa responde a querella
La exalcaldesa Valeria Melipillán se refirió a esta querella, aseverando que muchos de los elementos que se plantean en la acción legal ya habían sido denunciados ante la Fiscalía por su administración.
En el caso de los funcionarios fantasmas, explicó que fue detectado gracias a una denuncia presentada por los trabajadores del gremio de la salud, que dieron cuenta de un mecanismo para emitir boletas de honorarios de personas que no estaba ejerciendo funciones.
Tras una investigación interna se estableció —siguió la exautoridad— que el encargado de supervisar que esto no sucediera fue el responsable de crear este mecanismo para vincular a boletas de honorarios a familiares y conocidos. Hecho por el cual presentaron una querella.
Con relación al déficit financiero de la Corporación, afirmó que esta situación se arrastra de la administración anterior a la que ella presidió. Por ello, emplazó a la actual autoridad a contemplar en la auditoría los 8 años anteriores.
(Fuente: Biobío)
