La movilización, la cual es la primera tras lo ocurrido, estaría directamente relacionada con el término del bono de arriendo que les otorgó en la ocasión la ex Intendencia Regional de Valparaíso.
En total se trata de 48 familias, las cuales están sin arriendo desde diciembre del 2023. Acusaron que la Delegación Presidencial les prometió que el arriendo sería hasta que entregaran las viviendas definitivas.
Además, Julia Gaitán, dirigente del comité, señaló que los han estado “pimponeando entre el Serviu y el municipio” y que lo único que piden es el reinicio de las obras para tener una solución habitacional.
Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de Valparaíso, Vladímir Valenzuela, señaló que se necesitan recursos adicionales del MINVU y que el Serviu debió realizar las gestiones en los tiempos correspondientes.
Asimismo, también desde el Concejo Municipal, Gonzalo García, enfatizó en que se debería respetar y facilitar la entrega de subsidios para los damnificados por parte de Serviu.
Afirman que las familias deben estar en el centro, pudiendo contar con el subsidio comprometido desde el incendio de 2017 y reactivando las obras para sus viviendas definitivas, algo que, desde el comité, acusaron que está paralizada desde 2021.
Al ser consultado, desde Serviu se comprometieron a tramitar albergues transitorios a la mayor cantidad de personas posibles, considerando los requisitos que requieren para ello y que están contemplados en la institucionalidad vigente. En tanto, hasta el cierre de esta nota, desde el Municipio de Valparaíso no se refirieron a este tema.
(Fuente: Biobío)
